El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, junto al subsecretario de la cartera, Juan Eduardo Saldivia, y al director general de Aguas del MOP, Rodrigo Weisner, dieron a conocer el lunes 21 de septiembre el contenido de la propuesta para una nueva regulación constitucional de las aguas que incluye cinco ejes que se sustentan en la creciente demanda, producto del aumento de la población y su desarrollo económico, además de las consecuencias del cambio climático.

El ministro Bitar señaló que “consideramos necesario entrar al Bicentenario con una propuesta de cambio de la Constitución en materia del agua, con el propósito de hacer su distribución más justa y también más eficaz para el desarrollo económico”.

De acuerdo al Código de Aguas de 1981, las aguas son bienes nacionales de uso público, lo que implica que el dominio de ellas pertenece a la Nación y a los chilenos y chilenas. Sin embargo, esto no se encuentra explícito en la Constitución.

El secretario de Estado explicó que las bases de esta propuesta han sido concordadas en el marco del comité hídrico de ministros constituido por la Presidenta de la República: “Este proyecto de reforma constitucional será enviado a la Presidencia para conocimiento de los demás ministros y para tomar una decisión posterior; es una propuesta abierta a la discusión y al debate que nos parece importante plantear al país”.

Indicó que el agua ha pasado a ser un bien escaso y que se encuentra marcado por graves desequilibrios hídricos debido a su irregular distribución, por lo que una adecuada planificación de los recursos en una cuenca se impone como una necesidad de primera línea.

Asimismo, plantea que se incluyan los glaciares, porque el concepto de agua dulce en estado sólido no está considerado en ninguna legislación y cree que es indispensable que el carácter de bien nacional de uso público se extienda al agua en todos sus estados.

“El futuro de Chile requiere de una nueva política de aguas. La rápida expansión de la demanda en todos sus frentes: agrícola, minería, industrial y consumo humano está generando una escasez que no habíamos visto antes, y esto va en aumento. Los acuíferos están deteriorándose; disminuye el caudal de ríos; en las cuencas está aumentando la conflictividad entre los usuarios. Si a ello agregamos el cambio climático y las proyecciones, resulta evidente la necesidad de adaptar a la realidad la legislación y adoptar nuevas acciones para enfrentar esta situación”, señaló Bitar.

Para ello, Bitar explicó que se elaboró una propuesta de reforma constitucional que se basa en cinco ejes:

1.- Elevar a rango constitucional el concepto de agua como bien nacional de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren los recursos hídricos: líquido, sólido y/o gaseoso, quedando expresamente en dicha categoría los glaciares y nieves.

2.- Establecer la facultad del Estado para reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas cuando así lo exijan los intereses generales de la Nación, la Seguridad Nacional, la utilidad y salubridad pública, y la conservación del patrimonio ambiental.

3.- Establecer por Ley el procedimiento de constitución, reconocimiento, transferencia, transmisión, renuncia, extinción, caducidad y pérdida de los derechos de los particulares sobre las aguas.

4.- Establecer Corporaciones administradoras de cuencas, que fortalezcan y velen por una gestión integrada de las cuencas, las que serán organismos públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Una Ley señalará la organización y demás funciones y atribuciones de las referidas Corporaciones. Mientras estos organismos no existan subsistirán las competencias y facultades que consagra la normativa existente.

5.- Establecer por Ley la exploración, explotación y constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en conformidad a la diversidad geográfica y climática del país, y a la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos.

Ante el debate que podría generarse en torno a este proyecto, el ministro Bitar enumeró un listado de proyectos presentados en el congreso desde 1992 por diputados y senadores de las diferentes bancadas políticas, por lo que aseguró que no ve una mayor dificultad para su aprobación considerando este antecedente como un consenso respecto de la importancia de la materia.